Este pasado mes de abril ha entrado en vigor en Francia el nuevo etiquetado semáforo. La ministra de Sanidad, Marisol Touraine ha presentado este nuevo formato llamado Nutri-Score, el cual adopta un código de color de acuerdo con la calidad de los alimentos.
Su objetivo es mejorar la información a los consumidores y disminuir el consumo de productos con alto contenido de grasa, sal y azúcar. Este etiquetado será opcional, la normativa europea no permite que sea obligatorio. Pero el Ministerio tiene la intención de aprobar ” una orden para que los fabricantes puedan poner el logotipo sobre los paquetes en las estanterías de los supermercados”.
Algo similar ya ocurre en otros países de nuestro entorno como desde hace años en Reino Unido o países como Chile que el verano pasado aprobó un reglamento para que todos aquellos alimentos altos en calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas, tengan una advertencia en la cara principal de su envase donde se informe sobre el alto contenido de dichos nutrientes. Esto se ha realizado a través de un logotipo impreso: un octágono, de fondo negro y letras blancas, con la leyenda “Alto en” similar a un signo “STOP”. Además, en los colegios se prohibirá la venta de estos productos.
¿Por qué es tan importante adoptar este tipo de etiquetado semáforo?
Los resultados de diversos estudios indican que actualmente las etiquetas a menudo aportan más opacidad que transparencia al sistema alimentario. Ello dificulta enormemente la toma de decisiones razonadas en torno al producto en cuestión. Y ello es debido no solo a las características de esos datos, en términos de formato y terminología empleada, sino también, y principalmente, por la cantidad y variedad de datos presente en las etiquetas, que tienden a desorientar más que informar a quien consume. Una situación que se acentúa especialmente cuando aparecen sellos que supuestamente garantizan las cualidades específicas de un alimento o cuando las personas consumidoras se cruzan con una potente campaña publicitaria en la que se consigue que estas les depositen buena parte de su confianza.
En este punto hay que recordar que una condición necesaria para garantizar su derecho a la salud es que las personas consumidoras dispongan de información eficaz que les permita elegir adecuadamente los alimentos que van a consumir, de modo que la dieta que configuren sea saludable. Esto es justamente lo que no se está cumpliendo.
Sabemos además que mientras que muchas personas consumidoras dedican tiempo, esfuerzo y dinero tratando de cambiar su dieta, la mayoría de nuestras conductas alimentarias se producen, en realidad, sin pensar. Las decisiones que marcan nuestros hábitos alimentarios son en su mayoría rápidas, cognitivamente “frugales”, inconscientes y automáticas. Una persona común toma alrededor de 226 decisiones diarias directamente relacionadas con su alimentación, cuando se le pregunta, en cambio, dice que toma un promedio de 14,4. Es decir, la inmensa mayoría son inconscientes y muy rápidas.
Por tanto no es casualidad que las estadísticas y las encuestas sobre el etiquetado actual digan lo que dicen: que no se entienden, que no se leen o, incluso, que, aunque el consumidor haya dedicado minutos a leerlas y tenga la capacidad de entenderlas, siga optando por las opciones menos saludables.
Por este motivo necesitamos también en nuestro país una regulación como la aplicada en Francia que supere la actual normativa europea que es claramente ineficaz. Esta normativa europea se trata de un reglamento aprobado el 2011, dónde después de dos años de duras presiones por parte de la industria alimentaria, finalmente se aprobó. Las negociaciones se realizaron durante el año 2010 y aún hoy en día es recordada como la mayor operación de presión corporativa ejercida nunca sobre el Parlamento Europeo. Las eurodiputadas recuerdan que el día de la votación aparecieron las instrucciones de voto negativo encima de sus escaños, dispuestas allí por la CIAA (Confederación de la Industria de Alimentos y Bebidas de la Unión Europea). Algunas diputadas incluso dieron por supuesto que era documentación oficial de sus partidos.
Saben perfectamente lo que dicen todos los estudios que coinciden en que sistemas intuitivos y adaptados a la compra como el etiquetado semáforo tienen una alta tasa de eficacia, lo cual es una mala noticia para la gran industria alimentaria.
¿Y en España, entonces?
Pues por ahora nada de nada. Bueno sí, nuestro Gobierno sigue fielmente los argumentos de la industria alimentaria con argumentos que son realmente sorprendentes. En una de sus últimas declaraciones sobre el tema (marzo 2016), la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina: “no está de acuerdo con este tipo de semáforos, que clasifican con un color rojo, amarillo o verde a los alimentos, por ser más o menos saludables, en función de su contenido en grasa, azúcar o sal”.
Lamentablemente el Ministerio olvida que en los últimos años en el Estado español se ha incrementado muy considerablemente el consumo de estos nutrientes críticos. A pesar de que la inmensa mayoría de la población sabe que hay que reducirlo, este no hace otra cosa que aumentar.
Tan solo un 30% de lo que gastamos en alimentación se destina a alimentos frescos, el resto es alimentación procesada
Olvida además que en el caso de España, se constata que el principal factor de riesgo que está reduciendo la salud de la población, es el alimentario, que somos según la OCDE el primer país de la Unión Europea en tasa de obesidad infantil y el segundo del mundo detrás de EEUU, que 1 de cada 4 muertes está relacionada con la mala alimentación y que el 20% del presupuesto público de salud se destina a enfermedades derivadas de esta mala alimentación.
La pregunta es obvia. Si este sistema funciona, si lo recomienda la OMS, si es legal, ¿por qué no se implementa en nuestro país? ¿Será un simple olvido? o ¿será que hay intereses de grupos empresariales por encima de la salud de los ciudadanos?
Autor: Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria Global
Bio Eco Actual Mayo 2017
