Cuando hablamos de los niños y niñas todos entendemos y sabemos que tienen capacidades cognitivas distintas y que por ello además cuentan con marcos regulatorios propios de especial protección que además se recoge en la propia Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Estos derechos son independientes de la familia, y el Estado tiene la obligación de protegerlos.
Pues bien estos consensos sociales y jurídicos desparecen automáticamente cuando hablamos del derecho de los niños y niñas a una alimentación saludable.
Las cifras de obesidad infantil en el Estado español son exorbitantes, siendo ya uno de los peores países de Europa en tasa de sobrepeso y obesidad infantil, afectando ya al 45% de los niños y niñas. Sabemos además que este aumento de obesidad está directamente relacionado con el aumento de consumos de alimentos procesados con alto porcentaje de azúcar, grasas y sal, especialmente los destinados a la población infantil. En España ya el 70% de lo que consumimos es alimentación procesada, y cuando hablamos de niños aún es superior.
La administración pública y las grandes empresas nos repiten hasta la saciedad, que la responsabilidad de la obesidad infantil es exclusiva de los padres, que no educan a los niños, que no los alimentan bien, que no hacemos lo que debemos.
Se trata de una gran mentira, los niños no eligen como alimentarse, además no tienen capacidad ni elementos para tomar una decisión informada sobre las consecuencias de elegir un alimento u otro. Resulta evidente que cuando existe un peligro para la salud de la población infantil, el Estado ha de actuar para protegerlos, pero sin embargo el vacío indecente lo encontramos cuando hablamos de los riesgos de salud y enfermedades asociadas a la alimentación. En este caso, el deber del Estado español desaparece, se esfuma ante nuestros ojos.
Así observamos como nuestros hijos e hijas viven permanentemente rodeados de un ambiente obesogénico en crecimiento, determinado por la enorme presión de la publicidad de alimentación insana que tiene como target principal la población infantil. El mayor estudio realizado en España sobre la publicidad televisiva de alimentos dirigidos a los niños, realizado por la Escuela Nacional de Salud Pública, ha concluido que la mayoría de los productos que se anuncian como saludables en realidad tienen altos contenidos en azúcar, grasas u otros ingredientes que los hacen malos para la salud. El estudio además constata que los menores reciben 7.500 impactos al año de mensajes que les dicen que coman un producto que no es saludable. Pero seguimos por si quedan dudas, la Gaceta Sanitaria publicó recientemente un estudio que muestra cómo los productos de alimentación menos saludables son los que más se dirigen a la población infantil. El 82% de los anuncios de alimentación procesada destinados a niños y niñas publicitan productos con un contenido elevado de sal, grasas o azúcares refinados, frente al 33% de la publicidad dirigida a la población adulta.
Las preguntas entonces son obvias ¿Por qué en el Estado español no se prohíbe la publicidad de alimentación insana dirigida a la población infantil? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la creciente epidemia de obesidad infantil? ¿Por qué a nadie le preocupa que el Estado incumpla permanentemente su deber de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos del niño? ¿Por qué las grandes empresas de alimentación tienen derecho a promocionar sus productos procesados en el libre mercado aunque esto vulnere los derechos de los niños?
Necesitamos urgentemente una movilización de la sociedad civil que obligue al Gobierno a aplicar y garantizar los derechos de la Convención de los derechos del niño y prohíba de una vez por todas, la publicidad de alimentos insanos dirigidos a nuestros hijos e hijas.
Autor: Javier Guzmán, Director de VSF Justicia Alimentaria Global
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Bio Eco Actual Noviembre 2017
