En Cataluña, hace más de 50 años que surgieron los alimentos ecológicos, y hace más de 30 que existe su certificación oficial. Las primeras iniciativas de producción y consumo estaban conectadas a nivel local y se basaban en la confianza que permitía esa proximidad y el propio conocimiento entre campesinos y consumidores. Sin embargo, los consumidores estaban interesados en ampliar el abanico de su consumo, no limitándolo a los productos locales de temporada.
La búsqueda de nuevos proveedores y productos ha sido una constante que ha empujado a la «deslocalización» de la producción. De entrada, a distancias relativamente cortas, pero después a distancias cada vez mayores, a medida que el número de consumidores crecía y, especialmente, cuando los productos ecológicos fueron entrando en la distribución generalista.
Ese alejamiento entre productores y consumidores rompió la confianza inicial. La Unión Europea (UE), ya en 1991, aprobó el primer reglamento que regulaba la producción ecológica y estableció un control y certificación que permitió restablecer la necesaria confianza de los consumidores en unos productores y elaboradores que ya no conoce.
El incremento de la demanda ha hecho que haya crecido la oferta a precios más competitivos, a menudo a base de productos importados, especialmente de países en vías de desarrollo, al igual que ocurre en el sistema alimentario general. Las propias normas europeas de la producción ecológica, que son de aplicación en toda la UE, contemplan la importación de productos ecológicos obtenidos y certificados en países de fuera de la UE.
En consecuencia, actualmente es posible encontrar una mayor variedad de productos certificados a precios cada vez más bajos, lo que ha permitido que el sector haya seguido creciendo con fuerza. La globalización comercial ha propiciado este modelo de consumo en los países desarrollados. Las grandes empresas alimentarias convencionales, atraídas por las posibilidades comerciales, han entrado en el negocio bio. De esta forma, la desconexión entre producción y consumo se ha ido ensanchando, aunque este hecho no siempre le resulte evidente al consumidor.
Si los productos son de proximidad se mejora la sostenibilidad global del sistema alimentario y la soberanía alimentaria, el medio rural y el futuro de nuestro campesinado
Las normas de la producción ecológica se ocupan básicamente de aspectos ligados a la producción y transformación, pero no de las prácticas comerciales de los alimentos ecológicos, que cada vez más se comercializan al igual que el resto de alimentos. De esta forma, el comercio internacional facilita que muchos productores que se encuentran lejos de los mercados de consumo puedan ganarse la vida a base de una producción ecológica más sostenible y que la superficie mundial de producción ecológica crezca año tras año. Pero esta estrategia también comporta peligros, puesto que este sistema no responde a la expectativa de muchos consumidores de productos ecológicos.
Efectivamente, estamos ante un reto que no es menor: ¿es mejor disponer de una oferta de productos ecológicos más limitada en cantidad, diversidad y de proximidad? o ¿preferimos una oferta más amplia y diversa de alimentos ecológicos durante todo el año, pero que a menudo vienen de lejos y no siempre se han obtenido con las mismas garantías reales? Los primeros tenderán a ser más caros, porque los agricultores viven en nuestra sociedad. Los segundos, que a menudo están en países con condiciones sociales y laborales más deficientes, serán más baratos.
La pregunta que surge es: ¿hay espacio para sistemas comerciales más ecológicos o sólo se puede aspirar a más producciones ecológicas comercializadas de forma convencional? Si la comercialización debe ser forzosamente convencional y globalizada, el impacto positivo de los productos ecológicos queda limitado al sistema de producción y a la obtención de productos más seguros para el consumidor (que, por supuesto, no son ventajas despreciables). Si, además, los productos son de proximidad (podemos decir que son «ecológicos» desde el campo a la mesa) se mejora la sostenibilidad global del sistema alimentario y la soberanía alimentaria, el medio rural y el futuro de nuestro campesinado (en vías de desaparición).
Como muchos retos que tenemos planteados, la solución no es única. Las grandes empresas del sector alimentario global seguirán importando productos ecológicos desde donde puedan conseguirlos al mejor precio (está en su ADN y las normas se lo permiten), pero es necesario que la producción y el consumo de proximidad también tenga su espacio, y las empresas que opten por esta vía tengan visibilidad y sus productos se puedan diferenciar ante el consumidor.
Después de todos estos años, está claro que la UE no tiene la voluntad de regular una comercialización más sostenible para los productos ecológicos, ya que prioriza la existencia de una oferta variada durante todo el año al mejor precio, aunque esta prioridad vaya en contra del propio campesinado europeo, al que compensa con unas «ayudas» que, desgraciadamente, cada vez irán más a la baja.
Así pues, si la UE no quiere ni puede priorizar el consumo local de proximidad y las grandes empresas alimentarias tampoco lo hacen, ¿quién debe hacerlo? La respuesta es clara: la administración más cercana al ciudadano debe centrar sus esfuerzos en ayudar a productores y empresas que siguen una estrategia de proximidad. En definitiva, son «sus» campesinos de «su» territorio, y las políticas de fomento deben hacerse con dinero de los impuestos que han recaudado de «sus» ciudadanos que tributan. Por ejemplo: en orden a hacer posible la visibilidad de los productos ecológicos de origen local, pueden crear una distinción que permita identificarlos claramente en los puntos de venta y que no signifique ningún sobrecoste para los productores o consumidores.
Autor: Isidre Martínez, Ingeniero Agrónomo
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