La seguridad alimentaria y la protección de la salud humana son aspectos cruciales en la producción de alimentos, y el uso de pesticidas y plaguicidas es un tema ampliamente debatido debido a su potencial impacto en el medio ambiente y la salud humana. Estas sustancias químicas, diseñadas para combatir plagas y enfermedades en los cultivos, generan preocupación debido a sus demostrados efectos negativos en la salud a largo plazo. En este sentido, garantizar la transparencia en la producción de alimentos y divulgar información sobre el uso y los efectos de los pesticidas es fundamental, ya que permite tomar decisiones informadas y, en definitiva, salvaguardar la salud de la población.

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123rf Limited©ilixe48. Agricultor rociando pesticidas en la plantación

La evaluación de la seguridad de los productos fitosanitarios depende en gran medida de los estudios de toxicidad encargados por las empresas que los producen. En la Unión Europea, por ley, todos los estudios realizados deben incluirse en el expediente que se presenta a las autoridades al solicitar la aprobación o renovación de la sustancia activa. No obstante, nuevas investigaciones revelan que esto no siempre es así.

Estudios de toxicidad no revelados en la Unión Europea

El estudio La no divulgación de los estudios de neurotoxicidad en el desarrollo obstruye la evaluación de la seguridad de los plaguicidas en la Unión Europea demuestra que algunas empresas de pesticidas no divulgaron estudios sobre la toxicidad cerebral a las autoridades reguladoras de la Unión Europea, a pesar de haber presentado los mismos estudios a las entidades reguladoras estadounidenses.

El informe, publicado en la revista Environmental Health (junio de 2023), se trata de la primera evaluación sistemática de la no divulgación. La investigación se centró en los estudios de neurotoxicidad para el desarrollo (DNT) y encontró que nueve de los 35 estudios de DNT presentados a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA) no se habían incluido en los expedientes enviados a las autoridades de la UE para los mismos plaguicidas. En ninguno de estos 9 casos (que representan el 26% del total de los estudios identificados) se pudo encontrar una justificación para la no inclusión.

Estos estudios identificaron sustancias químicas conocidas por causar efectos perjudiciales en la salud humana, especialmente daños en el desarrollo cerebral en las generaciones futuras de sujetos expuestos a estas sustancias. En concreto, los investigadores observaron cambios en el tamaño del cerebro, retraso en la maduración sexual y menor aumento de peso en las crías de ratas de laboratorio expuestas a ciertos pesticidas y evaluadas en las citadas pruebas de DNT. Los pesticidas mencionados en el estudio incluyen abamectina, etoprofos, piridabeno y fluazinam, que se utilizan o se han utilizado en cultivos como tomates, fresas, patatas y berenjenas.

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123rfLimited©pkzoregon. Avioneta rociando una plantación de avellanos

“En el caso de algunos compuestos, han transcurrido décadas desde que se obtuvieron las primeras pruebas de los efectos del DNT en los seres humanos hasta que se reconoció ampliamente dicho peligro”, afirma el informe.

Impacto normativo real o potencial

“Ocultar datos al escrutinio regulador puede introducir un sesgo en la evaluación de riesgos y, por tanto, impedir que las autoridades persigan de forma fiable un alto nivel de protección de la salud humana, tal y como exige la legislación”, advierten los investigadores.

El informe señala que las empresas de pesticidas argumentaron haber cumplido con la normativa de la UE y que no estaban legalmente obligadas a presentar algunos de los estudios. Sin embargo, los investigadores afirman que las empresas deben informar a las autoridades de los estudios de toxicidad que han realizado durante el proceso de aprobación de la sustancia activa como parte del expediente y siempre que se adquieran nuevos conocimientos relevantes.

Asimismo, el informe destaca que algunos de los estudios tienen un impacto normativo real o potencial. Es decir, que llevaron a cambios normativos tras su posterior evaluación por las autoridades reguladoras europeas o que podrían tener un impacto en futuras regulaciones.

Según el estudio, cuando las autoridades de la UE tuvieron conocimiento de estos estudios, entre 14 y 21 años después de su realización, se aplicaron nuevos límites de seguridad en algunos casos, mientras que en otros la evaluación aún está en curso.

Transparencia para salvaguardar la salud

Esta nueva investigación pone de manifiesto que el hecho de no compartir los estudios de toxicidad con las autoridades de la Unión Europea, a pesar de los requisitos legales establecidos, parece ser un fenómeno recurrente. “Hasta donde sabemos, este es el primer intento de cuantificar sistemáticamente la falta de información por parte de las empresas de plaguicidas para cualquier tipo de estudio de toxicidad”, apuntan los investigadores en sus conclusiones. Esto pone la seguridad alimentaria en el punto de mira. Pues sin pleno acceso a todos los estudios de toxicidad realizados, no puede haber una evaluación fiable de la seguridad de este tipo de sustancias.

Autora: Ariadna Coma, Periodista

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