Entrar en un supermercado o pasear por un mercado municipal supone un ejercicio constante de investigación de etiquetas y carteles. En medio de un bombardeo de reclamos, los consumidores buscamos pistas fiables para elegir lo que mejor consideremos. En este contexto, las administraciones públicas desempeñan un papel clave: fijan los mínimos exigibles para garantizar la seguridad alimentaria, pero también regulan otros productos que cumplen requisitos de calidad más elevados. Sin embargo, no todos los esquemas de calidad juegan con las mismas reglas, sobre todo cuando entra en juego el origen de los alimentos.
En la Unión Europea, señalar la procedencia geográfica de un alimento mediante un distintivo público está rigurosamente restringido. Para salvaguardar la libre circulación de mercancías en el mercado único e impedir el proteccionismo comercial, ningún estado o región puede crear una marca pública orientada a favorecer el consumo de los productos de su tierra. La gran excepción comunitaria a esta prohibición son los esquemas de calidad diferenciada vinculados a un territorio específico como las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). En estos casos, se reconoce que el carácter singular del producto —un queso, un vino o un aceite— depende de forma inseparable de factores ambientales y humanos de aquella área concreta, que se hace constar claramente en su etiquetado y publicidad.
En la Unión Europea, señalar la procedencia geográfica de un alimento mediante un distintivo público está rigurosamente restringido
La producción ecológica, en cambio, se encuentra en una situación muy distinta. La reglamentación comunitaria de la «hoja verde» no certifica de dónde viene la comida, sino cómo se ha obtenido. Se trata de una norma sectorial que audita métodos agronómicos: la prohibición de pesticidas de síntesis química o de organismos genéticamente modificados, la mejora del suelo o criterios de bienestar animal. A efectos legales, una manzana ecológica es equivalente tanto si se ha cosechado en el campo vecino como si ha viajado miles de kilómetros, siempre que se haya cultivado siguiendo el protocolo. En su etiqueta, su origen se limita a fórmulas genéricas como «Agricultura UE» o «Agricultura no UE», salvo que todos los ingredientes provengan de un solo país.
Esta realidad choca con las aspiraciones de muchos ciudadanos. Quien apuesta por la alimentación ecológica no solo quiere evitar químicos; a menudo también busca reducir la huella ecológica global, apoyar al campesinado cercano y proteger el paisaje rural local. Sin embargo, el marco legal mantiene estos dos aspectos desconectados: su origen pertenece a las denominaciones geográficas; el método agronómico, al sello ecológico.
Esta fractura evidencia un notable déficit estructural en la política agraria comunitaria: la sostenibilidad del sistema ecológico de la UE se detiene a las puertas de la finca y, parcialmente, en la transformación, ignorando la logística, el transporte y la distribución. La UE no contempla ni prevé incorporar criterios de proximidad territorial como requisito para obtener la certificación ecológica. Condicionar la certificación ecológica europea a límites de distancia o a fronteras administrativas se consideraría un golpe directo a los cimientos del mercado único.
Ante este vacío, varios gobiernos han intentado crear sellos propios para distinguir su producción ecológica, pero chocar contra el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la UE —que prohíbe cualquier medida equivalente a una restricción a la importación— es inevitable. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo ha sido implacable: desde la sentencia contra la campaña gubernamental irlandesa Buy Irish hasta la anulación de la marca alemana Markenqualität aus deutschen Landen o del Label belga de Qualité Wallonne, la justicia comunitaria prohíbe dedicar dinero público a inducir la compra de alimentos por el solo motivo de su procedencia. El conflicto se ha reavivado con la ley italiana de 2022 del sello Biologico italiano, que pretende destacar los productos ecológicos realizados solo con materia prima nacional. Los juristas advierten que reservar un logo público por razón de origen vulnera los tratados, ya que el uso de sellos nacionales solo puede permitirse para normas técnicas no cubiertas por el reglamento de la UE, pero nunca por barreras territoriales.
¿Cómo salvar este escollo desde la administración? La única brecha legal pasa por esquemas que fijen criterios suplementarios objetivos de sostenibilidad o calidad, abiertos a todo el mundo. El ejemplo más nítido es Austria, donde el organismo público Agrarmarkt Austria (AMA) ha notificado a Bruselas un sello voluntario que establece una especie de “superecológico”: exige zonas de biodiversidad en las fincas, prohibición del aceite de palma, menos aditivos y límites estrictos en el transporte y manipulación de animales. Sin citar fronteras, el alto nivel de exigencia premia de forma natural la producción más cercana.
Sin embargo, allí donde la administración se encuentra atada de pies y manos por las reglas de competencia, el sector privado y el cooperativismo han tomado la delantera con modelos consolidados. Asociaciones como Demeter, Bioland o Naturland no solo aplican estándares de campo y de transformación ecológica superiores a los de la UE, sino que Naturland limita el transporte de ganado a un máximo de 4 horas y 200 km, y exige que parte del pienso provenga de la misma granja o de acuerdos regionales cercanos. En Suiza, el sello privado Bio Suisse prohíbe el transporte aéreo de mercancías. Asimismo, cadenas especializadas y cooperativas de consumo han implantado con éxito etiquetados internos de origen kilométrico y redes de comercio justo de proximidad.
Mientras el marco regulador europeo siga ignorando la distribución como pilar ecológico, la proximidad no llegará a las etiquetas oficiales. La respuesta a las expectativas de los consumidores continuará en manos de la excelencia privada y de aquellas iniciativas que demuestren que un alimento no es plenamente sostenible si ha tenido que cruzar medio continente para llegar al plato.
Autor: Isidre Martínez, Ingeniero Agrónomo
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