El Parlamento Europeo, gracias al respaldo mayoritario de socialistas y populares, acaba de aprobar la reforma de la directiva comunitaria sobre cultivos transgénicos. Hasta ahora, las autorizaciones para sembrar semillas modificadas genéticamente eran para todos los países de la Unión Europea (UE), y para vetar su cultivo los Estados europeos debían invocar una cláusula de salvaguardia prevista en la directiva comunitaria anterior.

Los Estados de la UE podrán volver a decidir si cultivan transgénicos. ¿El lobby de los transgénicos vuelve a ganar?

En la actualidad, el único producto modificado genéticamente cultivado en Europa para el comercio masivo es el maíz MON810, de la multinacional Monsanto, pero hay otras siete variedades de cultivos transgénicos que pueden ser aprobados a principios de este año. Dentro de la UE, sólo España, Portugal y la República Checa permiten el cultivo de Organismos Modificados Genéticamente (OMG).

Con esta nueva norma, el Parlamento devuelve a los Estados las competencias para decidir su política en relación a los OMG, de modo que cada Estado decidirá si permite el cultivo de transgénicos –o los prohíbe–. El resultado es una norma que favorece los transgénicos en aquellos países donde, como en España, reciben apoyo institucional.

Cabe decir que la ley también reduce las salvaguardias existentes, por ejemplo, no permite usar ciertas evidencias del daño ambiental para prohibir el cultivo de transgénicos, y sólo se permiten las salvaguardias bajo circunstancias muy restringidas. Así, los países contrarios a los transgénicos quedaran expuestos a ataques legales por parte de la industria biotecnológica, y si los acuerdos de libre comercio como el TTIP se llevan a cabo, el permiso o veto al cultivo de transgénicos quedará en manos de tribunales de arbitraje.

Además, las normas del mercado único que rigen el comercio de la UE harán que sea ilegal que los Estados miembros controlen las importaciones de alimentos genéticamente modificados, incluso si prohíben su cultivo.

La Directiva tampoco incluye ninguna norma para que los Estados que no prohíban el cultivo de OMG, adopten medidas para proteger la agricultura convencional y ecológica de la contaminación transgénica. Los derechos de los agricultores que no desean cultivar transgénicos, especialmente en España, quedan así amenazados por esta nueva ley. De hecho, todo el sector ecológico, que sigue creciendo rápidamente en Europa y que puede duplicar la superficie cultivada en 2020, está en peligro, al igual que los derechos de todas las personas que quieren consumir alimentos no transgénicos.

En definitiva, podemos decir que vuelve a ganar el lobby pro-transgénico, ya que esta directiva no ofrece ninguna protección significativa para las personas que quieren tomar decisiones informadas acerca de lo que están comiendo o para los agricultores que desean proteger sus campos de los OMG.

Autor: Enric Cortiñas, Presidente de la Asociación de Naturalistas de Girona

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