VSF Justicia Alimentaria Global. – La respuesta de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) en referencia a la denuncia interpuesta por VSF Justicia Alimentaria Global contra la empresa El Pozo por publicidad y etiquetado engañoso no tiene ningún tipo de efecto.
Con este dictamen, se vuelve a poner de relieve la ineficacia de la autorregulación empresarial y la total impunidad de la industria con relación a estos temas.
La organización VSF Justicia Alimentaria Global denunció el pasado 23 de mayo a la empresa El Pozo por utilizar de manera fraudulenta e ilícita el término artesano en la publicidad y etiquetado de su gama de charcutería All Natural. En su dictamen, Autocontrol pone de manifiesto que los productos calificados de artesanos por la empresa El Pozo podrían inducir al error al consumidor, pero que debido a que la empresa no es socia de Autocontrol y que tampoco ha contestado a la reclamación, solo puede emitir un dictamen no vinculante en el cual se refleja su parecer sobre la corrección deontológica de la publicidad, pero sin ninguno tipo de efecto.
En la respuesta se señala de manera expresa que «las resoluciones que dirimen tales controversias solo tienen fuerza vinculante para los asociados, que voluntariamente han manifestado su adhesión al Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol […] este dictamen constituye una mera opinión, no vinculante, sobre la corrección ética y deontológica de la campaña publicitaria en cuestión, emitida por expertos en la materia».
Por otro lado, Autocontrol considera que no se le puede aplicar la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía de la Región de Murcia porque no puede ser calificada como empresa «cuya actividad sea la elaboración y comercialización de productos artesanos». Esto significa que no se le puede aplicar la ley —que sí es aplicable a los artesanos de la región—, pero que, en cambio, sí puede publicitar y etiquetar sus productos como si de una empresa de artesanía se tratara. El director de VSF Justicia Alimentaria Global, Javier Guzmán, denuncia que «el consumidor solo puede denunciar las malas praxis de la industria a un organismo controlado por la propia industria, por lo que se encuentra totalmente desamparado y no hay ninguna ley que lo proteja».
El Pozo no es un caso aislado
Desde VSF Justicia Alimentaria Global, se ha denunciado en varias ocasiones la omisión del deber de vigilancia por parte de la Administración Pública y ha demandado a la Administración que regule al respecto para que el control no recaiga en la industria, sino en un órgano independiente y competente dedicado a esta materia. «La total impunidad de la que gozan las empresas en este aspecto provoca frustración y sensación de impotencia a los consumidores, por lo que es necesario que se desarrollen medidas urgentes», explica Javier Guzmán.
El caso de El Pozo no es algo aislado. VSF Justicia Alimentaria Global también denunció a la empresa Bimbo por la utilización del término saludable en uno de sus productos dirigidos al público infantil y que contenía un 22 % de azúcares añadidos. La empresa rechazó expresamente someterse a las reglas de autorregulación de la propia industria y, por tanto, no retiró su publicidad. Según las recomendaciones de la OMS, no se debería publicitar ningún alimento que contenga más de un 10 % de azúcares añadidos.
Nueva legislación en Chile
Organizaciones internacionales como la OMS llevan tiempo alertando del problema de salud pública que conlleva el aumento de enfermedades directamente relacionadas con la alimentación, por lo que hay Estados que ya han empezado a tomar medidas al respecto. En este sentido, el próximo 27 de junio entra en vigor en Chile una nueva legislación para proteger la salud de la población ante el aumento de casos de obesidad y enfermedades asociadas. Entre las acciones, destaca regular el etiquetado para que el consumidor tenga una información clara del producto adquirido y fortalecer la regulación sobre la publicidad de alimentos. Entre otras medidas concretas, los productos altos en calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas no podrán publicitarse en medios dirigidos a menores de 14 años, es decir, en radios, revistas, televisión e Internet. En el Estado español, estamos muy lejos de conseguir algo similar.
Fuente: VSF Justicia Alimentaria Global – vsf.org.es
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