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VSF Justicia Alimentaria Global 16/12/2016
La compra pública alimentaria del estado: una oportunidad para los mercados locales.

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL) sobre compra pública de alimentos con criterios sociales y medioambientales. La propuesta se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos y ha contado con la abstención del Partido Popular.

En los últimos años, a través de la campaña Corto Circuito, la compra pública alimentaria ha sido uno de los caballos de batalla de VSF Justicia Alimentaria y otras organizaciones que impulsaron dicha campaña, como COAG y CEAPA, por lo que se valora muy positivamente que el Estado opte por otro modelo de compra pública de alimentos basado en criterios sociales y ambientales. Hay que tener en cuenta que la Administración pública es el principal consumidor de alimentos del Estado, ya que destina entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias. Los principales receptores de estas compras son los centros de educación básica (57%) y los de salud pública (25%), y en menor medida, los centros de educación superior, centros penitenciarios y otros lugares públicos.

Ventajas ambientales, sociales y económicas

La compra pública es el presupuesto destinado a aprovisionar a las Administraciones públicas con el fin de que sean operativas y funcionales para prestar los servicios públicos, pero la responsabilidad pública implica que en la compra y la contratación de productos, servicios y obras no solamente se tenga en cuenta dicha prestación a un bajo coste, sino que deben sopesarse otros criterios como las consecuencias económicas, sociales y ambientales de cada una de las operaciones que se llevan a cabo. 

En este sentido, la compra pública alimentaria basada en criterios ecológicos y de proximidad permitiría beneficios para la economía local con generación de empleo de forma directa e indirecta, la dinamización del territorio y la revalorización del mundo rural, un incremento de la calidad nutritiva de los alimentos, reducción de los efectos de contaminación (menos alimentos de exportación y menos envases, etc.) y la recuperación de la cultura gastronómica en los centros públicos. Además, en el caso de las escuelas, supondría recuperar el valor pedagógico añadido de conocer el territorio y los alimentos que allí se producen.

«La compra pública puede convertirse en un revulsivo para los mercados locales y los pequeños productores», afirma el director de VSF Justicia Alimentaria Global, Javier Guzmán. Y añade: «deberemos estar muy alerta para que esta iniciativa sea realmente efectiva y tenga en cuenta quién produce los alimentos, cómo se producen y el tipo de comercialización que se lleva a cabo».

Algunas comunidades autónomas a la cabeza

Los primeros frutos de la campaña Corto Circuito se recogieron en diferentes comunidades autónomas como Euskadi, Navarra, Catalunya o Andalucía. Sin embargo, el hecho de que se trate de una propuesta aprobada en el Congreso de los Diputados es relevante por la influencia que tiene la legislación del Estado en materia de contratación pública.

No es la primera vez que se debate una PNL sobre esta materia en el Congreso de los Diputados. En marzo de 2014 se debatió una propuesta similar en sede parlamentaria, pero fue rechazada por los votos en contra del Partido Popular.

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