Ecovalia. – Ocho entidades nacionales que aglutinan a prácticamente el 80% del sector ecológico español han firmado conjuntamente un comunicado, dirigido a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, exponiendo su desacuerdo con el borrador del nuevo Reglamento de Producción Ecológica y el Etiquetado de los Productos Ecológicos.
En dicho comunicado solicitan encarecidamente que la ministra vote en contra del acuerdo a este documento el próximo lunes en el Comité Especial de Agricultura, para que se siga así trabajando en las deficiencias que presenta el texto.
El próximo lunes, 29 de mayo, se reúnen los ministros de Agricultura de los países miembros de la Unión Europea para votar a favor o en contra del nuevo borrador del Reglamento de Producción Ecológica y el Etiquetado de los Productos Ecológicos. En España, al igual que en otros países, el sector se vería afectado por las notables deficiencias de la nueva normativa. El comunicado urgente enviado a Isabel García Tejerina, con la intención de que la ministra española no dé su acuerdo al borrador, está firmado por ECOVALIA, SEAE, CCPAE, AMPOAS, FEMECA/COATO, SILAE, CAECV y Servicio de Certificación CAAE, entidades que aglutinan a aproximadamente al 80% del sector ecológico español.
En dicho comunicado, exponen como deficiencias del borrador varios asuntos importantes que, según los firmantes, podrían “minar los intereses del sector ecológico en su conjunto”. Entre dichas deficiencias, destaca que el nuevo Reglamento permite que los Estados Miembros de cada país pongan sus propias normas en cuanto a la presencia de residuos en los alimentos ecológicos, lo que podría propiciar situaciones difíciles y agravios comparativos.
Las entidades firmantes del comunicado piden que en todos los países europeos se apliquen las mismas normas con respecto a las cantidades de residuos presentes en los productos biológicos
Otro punto conflictivo del Reglamento es que no exige la certificación a pequeños productores que se adhieren a la venta directa, lo que podría derivar en una pérdida clara de trazabilidad y, por tanto, se podría ver afectada la credibilidad y garantía que ofrece el sistema de control oficial.
Por otra parte, el comunicado esgrime que en el listado de sustancias autorizadas que recoge el borrador no se incluyen algunas naturales que, de forma recurrente, se usan en agricultura ecológica, sino que “la nueva propuesta de acuerdo dirige la lucha contra plagas y enfermedades hacia el uso únicamente de pesticidas comercializables, reduciendo las herramientas de las que disponen los productores para un adecuado control fitosanitario”. España, como país meramente productor, se vería muy afectado por esta restricción.
Otros aspectos que se tratan en el comunicado tienen que ver con los controles periódicos de las explotaciones, las llamadas “demarcated bed” o el uso de juveniles no-ecológicos en acuicultura.
En resumen, según Évelyne Alcázar, directora del Departamento de Internacional de Ecovalia, “esta nueva propuesta de documento para el acuerdo no es lo que el sector necesita. Ha habido avances desde la primera versión del borrador del Reglamento y hay que agradecer los enormes esfuerzos que han hecho todas las instituciones involucradas, pero incluso en los textos en los que ya se ha llegado a ‘acuerdo’ necesitan ser depurados desde el punto de vista técnico, ya que por una falta de precisión y por errores crean inseguridad jurídica o excluyen posibilidades para los operadores que no estaban en la intención de los legisladores.”
El proceso seguido hasta ahora en la revisión del Reglamento comenzó en 2014. Évelyne Alcázar expone que “ha sido un proceso largo, pero no se ha contado con los tiempos adecuados para realizar las aportaciones y los trabajos, dificultado por el tamaño de los documentos, su complejidad y la opacidad del proceso. La producción ecológica actualmente se encuentra en un desarrollo continuo, no sólo en España, sino en prácticamente todo el mundo”. Y añade: “Sería injusto que todos los esfuerzos realizados por el sector se pusieran en riesgo debido a una nueva regulación que no entiende las necesidades reales”.
