La economía de mercado tiene muchos inconvenientes pero también algunas ventajas. Una de ellas, casi siempre olvidada, es la posibilidad de favorecer los buenos hábitos a través de tasas e impuestos. No siempre es efectivo al 100% pero vale la pena intentarlo cuando están en juego la salud de las personas y la del planeta en su conjunto.

Ejemplos como los impuestos sobre el tabaco o, el más reciente, sobre las bebidas con azúcar añadido (los mal llamados ‘refrescos’) puede ser la referencia a seguir para la carne. Así lo considera un estudio liderado por la organización internacional FAIRR (Farm Animal Investment Risk & Return).

Aplicar impuestos sobre la producción y consumo de carne podría ayudar a reducir la comercialización de este tipo de alimentos en beneficio de la salud pública y el medio ambiente, concluye este estudio. No se debe olvidar que, además de los problemas médicos asociados al consumo de carne y sus derivados, la ganadería industrial se ha convertido en los últimos años en una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (causa del cambio climático), la deforestación de zonas naturales y el consumo excesivo de recursos de agua.

“El camino hacia la imposición de tasas al consumo de un producto se inicia generalmente cuando existe un consenso sobre los daños que puede provocar a las personas o la sociedad en su conjunto”, recuerda el estudio de FAIRR. En el caso de la carne roja y los procesados de carne, el primer paso en este sentido podría haber sido la decisión adoptada en octubre de 2015 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por las siglas en inglés). Como se recordará, aquella atrevida resolución indicaba que “la carne procesada queda clasificada como carcinógena para los humanos (Grupo1), basándose en evidencias suficientes en humanos de que el consumo de carne procesada causa cáncer colo-rectal”. El consumo de roja -por otro lado- quedó clasificada por la IARC como producto “probablemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2A), basándose en evidencia limitada de que el consumo de carne roja causa cáncer en los humanos y sospechas sobre su efecto carcinógeno”.

Si en el ámbito de la salud, la IARC debería ser la referencia a tener en cuenta, por lo que respecta al impacto ambiental de la industria de la carne no deberíamos olvidar el trabajo publicado en septiembre de 2016 por el Consejo Asesor de Ética de Dinamarca (Det Etiske Radha), con un título más que elocuente: Alimentos Perjudiciales para el Clima (Climate Damaging Foods).

Los autores de este estudio no detallan la imposición  necesaria para conseguir reducciones significativas en el consumo de carne a escala global pero indican que en Dinamarca podría ser de 2,30 euros por kilo.

El Partido Verde de Suecia ha propuesto en diversas ocasiones, desde 2012 hasta la actualidad, la imposición de una tasa de aproximadamente 2 euros en la venta de carne, con el objetivo de reducir su consumo en favor del medio ambiente. En la misma línea, los Verdes suecos incluyeron en su programa electoral de 2014 la obligación de que los comedores de todas las escuelas siguieran la norma de, por lo menos, “un día a la semana sin carne”. Estas propuestas tienen el apoyo de los cada vez más amplios sectores sociales que apuestan por el veganismo en este país nórdico pero, hasta el momento, no han conseguido la mayoría parlamentaria suficiente para hacerse realidad.

En el Reino Unido, una propuesta similar de tasas sobre la carne ha sido analizada por el equipo que lidera Marco Springmann, investigador del programa sobre Futuro de los Alimentos en la Oxford Martin School.

Impuestos sobre la carne, una propuesta muy saludable

“Imponer una tasa a la carne con finalidades ambientales o sanitarias podría ser un primer e importante paso para abordar estos dos desafíos [el medio ambiente y la salud], y transmitiría una señal inequívoca a la sociedad hacia una dieta mejor”, ha explicado el profesor Springmann en declaraciones recogidas por The Independent.

En Estados Unidos, donde la industria de la carne tiene un peso económico y político incuestionable, un equipo de investigadores de la Tufts University planteó el problema de forma mucho más sutil. En un estudio publicado en la revista BMC Medicine en noviembre de 2017, este grupo liderado por José L. Peñalvo calculaba primero las muertes registradas cada año en Estados por enfermedades cardiovasculares, diabetes e infarto cerebral. A continuación relacionaba estas muertes con los hábitos de alimentación y, finalmente, indicaba los beneficios que se podrían conseguir introduciendo tasas sobre los productos más perjudiciales y beneficios fiscales para los alimentos más saludables.

En concreto, este interesante estudio indicaba que alterando en solo un 10% el precio de siete grupos de productos clave se podría conseguir una reducción de la mortalidad de 23.000 casos al año.

Si los cambios en los precios fueran del 30% la estimación sería de 63.000 muertes prematuras menos cada año en Estados Unidos

El estudio liderado por el profesor Peñalvo, un experto en estudios sobre control de precios y salud pública, analizaba los impactos de siete grupos de alimentos. Entre los productos que deberían tener una tasa al consumo se encontraban la carne roja (sin procesar), los derivados de la carne (embutidos y otras carnes procesadas) y el azúcar (incluyendo las bebidas con azúcar añadido).

En el apartado de los alimentos que deberían estar subvencionados, el estudio de los expertos de la Universidad Trufts incluía los vegetales, los frutos secos y los cereales integrales.

¿Cómo saber más sobre este tema?

Artículos científicos de referencia:

Autor: Joaquim Elcacho, periodista especializado en Medio Ambiente y Ciencia

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