La certificación ecológica garantiza que los operadores y los productos cumplen con los requisitos de la normativa europea de producción ecológica y ofrece las máximas garantías de control de seguridad y calidad en la cadena de producción.
El sistema de control cubre todas las etapas, desde la producción primaria de un producto ecológico hasta su almacenamiento, transformación, transporte, venta y suministro al consumidor final, además de las actividades de etiquetado, publicidad, importación, exportación y subcontratación cuando corresponda. Se lleva a cabo mediante auditorías que se realizan periódicamente a cargo de personal técnico cualificado, que acreditan las garantías y el valor añadido de la producción ecológica y luchan contra el fraude. Según la normativa ecológica, vigente en los 27 países de la Unión Europea, tan solo los productos certificados se pueden etiquetar bajo los términos ecológico, eco, biológico, bio u orgánico. Por este motivo, los consumidores pueden tener la certeza que al comprar un producto certificado como ecológico están apoyando prácticas de producción y consumo verdaderamente sostenibles.
Existen tres modalidades de certificación ecológica en Europa: un sistema público, realizado directamente por las administraciones públicas, una certificación privada, a través de organismos privados independientes, y un formato mixto público-privado. Todas ellas conviven en España y, aunque se rigen bajo una misma normativa, dan lugar a un ecosistema complejo que presenta diferencias de coste entre las distintas regiones del territorio nacional percibido por productores y operadores.
Los presupuestos y subvenciones derivadas de los gobiernos autonómicos son factores condicionantes, tanto al alza como a la baja de los precios
Disparidades entre expedientes y cuotas
Los servicios ofrecidos son, teóricamente, los mismos. No obstante, los precios varían en función de la comunidad. “Las Comunidades Autónomas tienen competencia total para la gestión y tramitación de las certificaciones ecológicas. Por ello, los procesos y costos asociados para obtener y posteriormente renovar la certificación ecológica son dispares en todo el territorio nacional”, afirman voces del sector ecológico.
En general, las cuotas dependen de la categoría de los productos que se certifican, la complejidad de las operaciones, el volumen de producto certificado y los mercados de destino (algunos productos destinados a la exportación pueden conllevar costes adicionales asociados a controles específicos establecidos por países terceros, como Estados Unidos, Japón o China). Son las propias entidades de certificación las que fijan los precios. Y, en caso de regirse por un modelo público, además, los presupuestos y subvenciones derivadas de los gobiernos autonómicos son factores condicionantes, tanto al alza como a la baja de los precios.
Una diferencia económica que, según afirman algunos productores ecológicos, afecta negativamente la libre competencia de mercado, puesto que el dinero destinado a las cuotas de un productor “X” puede ser invertido en otras iniciativas para otro productor “Y”, algo que genera en ocasiones agravios comparativos.
¿La solución que se plantea? Una unificación de los criterios, una armonización de las condiciones y precios en todas las Comunidades Autónomas. “Es preciso que exista una unificación de criterios a nivel nacional para que todas las empresas del sector ecológico sean más competitivas y tengan las mismas ventajas y oportunidades para ofrecer sus productos a precios más competitivos”, se afirma desde el sector. “Necesitamos un mercado unitario a nivel nacional que promueva el nacimiento de nuevos negocios ecológicos y facilite que los existentes prosperen”.
“La unificación de criterios entre organismos y entidades certificadoras es absolutamente necesaria. Estas discrepancias crean confusión entre los productores y los consumidores, afectando negativamente la competitividad y la innovación en el sector. Sin una normativa unificada y clara, las empresas enfrentan incertidumbres y obstáculos adicionales, lo que podría disuadir a algunas de adoptar prácticas ecológicas. Por lo tanto, una alineación de criterios es crucial para asegurar que todos operamos bajo los mismos estándares, facilitando el cumplimiento y fomentando la confianza en los productos ecológicos”, coinciden diferentes operadores ecológicos.
La solución propuesta es la unificación de los criterios, una armonización de las condiciones y precios en todas las Comunidades Autónomas
La producción ecológica como un bien público
El fomento de la producción ecológica es clave para hacer frente a la crisis climática y conseguir una transición ecológica efectiva y eficiente. De acuerdo con los objetivos europeos marcados, para 2030 el 25% de tierras deben ser gestionadas bajo sistemas ecológicos. Para ello, es necesario que los Estados miembros adopten políticas comunitarias y nacionales para estimular la transición y acompañar a los productores y campesinos ecológicos. Aumentar la contratación pública, dedicar esfuerzos a la promoción, establecer medidas fiscales y defender el precio real de los alimentos son las principales demandas del sector.
En este sentido, la certificación ecológica unificada, idealmente subsidiada por la Administración pública, puede promover la producción y comercialización de productos ecológicos de manera sencilla y económica, sin poner trabas administrativas adicionales y aplicando el principio de “quien contamina paga” para beneficiar a los productores ecológicos y estimular la adopción de prácticas agroecológicas.
Para la redacción de este artículo se ha contado con el testimonio de operadores ecológicos certificados, asociaciones profesionales de productores ecológicos y entidades certificadoras públicas y privadas de diferentes regiones del territorio nacional. INTERECO, asociación sin ánimo de lucro que agrupa a las 14 entidades públicas de control y certificación de agricultura ecológica, ha declinado participar en este reportaje.
Autores: Oriol Urrutia, Co-Editor y Politólogo. Ariadna Coma, Periodista
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