El consumo de productos ecológicos tiene una serie de objetivos de interés general que deberían situarse en una posición política mucho más relevante que la que ocupa actualmente. Teniendo en cuenta que las actuaciones políticas habitualmente buscan un rendimiento directo para la sociedad a la que se dirigen, es necesario que este impulso se dé en este nivel, es decir, a nivel nacional o regional.
Las propuestas deben dirigirse tanto al incremento de las producciones como del consumo. Ambos objetivos son inseparables para conseguir unos resultados adecuados, tanto en la población que los consume como en el entorno donde se realiza esta producción. Así pues, se trata de potenciar producciones orientadas principalmente a abastecer el mercado interior, ya que de esta forma se puede mejorar la soberanía alimentaria y las posibilidades del tejido productivo y comercial autóctono.
Si estas producciones se realizan de forma sostenible, como es el caso de las producciones ecológicas, entonces se consiguen optimizar todas las variables que deberían preocupar a los políticos encargados de la gestión del territorio: la alimentación, la salud, el medio ambiente, la energía, la economía y el consumo.
Así pues, esta debería ser la columna vertebral de cualquier política orientada al sector agroalimentario y medioambiental: potenciar de forma transversal producciones sostenibles orientadas al mercado interno. La palabra transversal es muy importante, ya que los objetivos que se persiguen y las herramientas necesarias no dependen sólo de un ministerio o de una consejería en particular, sino al contrario, dependen de la conjunción de una serie de esfuerzos que han de ser aportados por diferentes agentes políticos.
Se trata de potenciar producciones orientadas principalmente a abastecer el mercado interior
Esto plantea un primer reto, ya que la administración, desgraciadamente, sigue actuando de forma demasiado compartimentada y estanca, lo que conlleva el establecimiento de políticas excesivamente limitadas en un mundo donde los retos son cada vez más globales y transversales. Como hemos dicho, la producción de alimentos no se puede aislar de las necesidades del medio ambiente, de la salud de los ciudadanos, de la gestión del agua y la energía, de los retos planteados por el cambio climático, de la soberanía alimentaria, de la despoblación rural,…
Hay que modernizar con urgencia la administración para poder dar respuestas adecuadas a problemas complejos. La administración debe superar las actuales estructuras temáticas verticales y crear equipos interdisciplinarios más permeables que se puedan ocupar de proyectos transversales.
Por lo tanto, sería necesaria la creación de un equipo interdisciplinario de técnicos y profesionales que de forma transversal se ocuparan de potenciar y fomentar producciones agroalimentarias sostenibles y ecológicas orientadas al mercado interno, con el objetivo de potenciar una oferta de productos saludables para la población, rentable para las empresas y adecuada a los retos medioambientales y sociales que tenemos como país, especialmente a medio y largo plazo.
Desde este enfoque global, habría que determinar qué producciones se necesitan y en qué lugares se podrían obtener con mejores condiciones. Este análisis se debe realizar de forma conjunta con los actores sociales del territorio, no puede ser un ejercicio teórico impulsado sólo por técnicos, investigadores o políticos. Es necesaria la participación del máximo número de agentes implicados a todos los niveles.
Hablamos de orientar las producciones agroalimentarias hacia modelos más sostenibles y locales. De educar a las nuevas generaciones en estos valores ya desde la escuela. No hay que fijarse sólo en qué sistemas de producción de alimentos hay que impulsar, también hacia qué tipo de alimentación y modelos de consumo nos conviene desarrollar como sociedad.
Orientar las producciones agroalimentarias hacia modelos más sostenibles y locales
Actualmente, con el auge de la alimentación ecológica, vemos que se han puesto en marcha toda una serie de tendencias que habría que corregir desde los poderes políticos. En primer lugar, el incremento de la demanda desconectado de la producción nos lleva a un escenario muy parecido al actual, donde los alimentos recorren largas distancias en manos de pocas empresas, que controlan los precios y condicionan la sostenibilidad del sistema alimentario y, en última instancia, la misma imagen de los productos, que se ve dañada y pierde credibilidad.
Por otra parte, desde los poderes políticos también hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para impulsar la investigación y la mejora de los sistemas de producción agrarios hacia su sostenibilidad. Esta tecnología debe estar en manos, principalmente, de los propios productores, no de las grandes corporaciones que controlan la genética, la alimentación y la sanidad de cultivos y ganado. Desde estas corporaciones, que son las responsables de la financiación de la investigación, vemos actualmente como se impulsa una campaña que cada vez será más agresiva contra los alimentos ecológicos, negando que estos aporten ventajas, en comparación con los alimentos de la producción industrial intensiva.
Por último, y para favorecer sistemas alimentarios sostenibles de base local, es necesario que el consumidor conozca el sistema de producción y el origen de los productos que puede encontrar en las tiendas. Los poderes políticos también tienen un importante papel en este sentido, impulsando la creación de un distintivo en el etiquetado de los alimentos que informe a los consumidores. Actualmente existen un gran número de indicaciones y logotipos, unos oficiales, otros privados, que pueden llegar a confundir más que informar. Es necesario que se desarrollen sistemas que permitan al consumidor conocer en un único indicador el grado de sostenibilidad del producto y que incluya todos los aspectos que se han comentado. Este es el gran reto de los poderes políticos.
Autor: Isidre Martínez, Ingeniero Agrónomo
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