Que la agricultura ecológica lleva algunos años a un ritmo de crecimiento imparable, es algo que es una realidad en la Comunitat Valenciana, hasta convertirnos en una de las regiones de todo el Estado que está tirando del carro y llevando la iniciativa en cuanto al incremento de la agricultura ecológica.
CAECV, casi 28 años de certificación pública
La experiencia de nuestros casi 28 años de existencia como entidad de control y certificación nos dota de una autoridad moral suficiente para defender el sistema de certificación pública, sistema adoptado, dicho sea de paso, por la mayoría de nuestras comunidades autónomas.
El sistema de certificación pública cuenta con una mayor transparencia e independencia de actuación, incentivando la participación y la vertebración del sector. Desde el CAECV establecemos cuotas que consideramos justas para los operadores por diferentes motivos: somos más eficientes, simplificamos la gestión, ajustamos el coste de la certificación y optimizamos la gestión de recursos.
El sistema de certificación pública cuenta con una mayor transparencia e independencia de actuación, incentivando la participación y la vertebración del sector
Además, ofrecemos una mayor seguridad jurídica, tanto a operadores como a consumidores, promoviendo un concepto armonizado de la producción ecológica, tal y como exige la normativa europea, y defendemos los productos ecológicos a través de la investigación y la promoción, servicios que también ofrecemos y ponemos al alcance del operador ecológico. Todo ello, teniendo en cuenta que estamos hablando de una entidad como la del CAECV, que no tiene ánimo de lucro y, por lo tanto, no tiene interés en tener ningún tipo de beneficios económicos por los servicios que presta.
La producción bio, un bien público
Las entidades privadas, deben competir en el mercado por los servicios que ofrecen. Ello no significa que la certificación privada no sea de confianza, pero no parece que el control de la aplicación de un sistema voluntario, que busca mayores cuotas de calidad y seguridad alimentaria con menor impacto ambiental, tenga que acabar en manos de un sistema de garantía privado cuyo primer objetivo es la rentabilidad económica de los servicios que ofrece, por encima de otras consideraciones.
La producción ecológica es, desde su reconocimiento, un bien público, un patrimonio de todos los ciudadanos y no un bien privado de unos pocos. Por tanto, parece lógico defender, al menos desde mi punto de vista, que la mejor protección y defensa de un bien público debe hacerse desde un órgano de gestión y control también de naturaleza pública.
Autor: Vicente Faro Carrió, Presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV)
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