Imagínese que le dijeran que ya no puede cultivar patatas, lentejas, judías o incluso trigo en su jardín. Suena absurdo, pero este es precisamente el tipo de restricción que podría convertirse en ley europea si las negociaciones en curso sobre la regulación de semillas fracasan.
De hecho, actualmente se están definiendo nuevas normas a nivel europeo para actualizar y armonizar la legislación sobre la producción y comercialización de semillas y otros materiales de reproducción vegetal (MRP), como plántulas o esquejes. El marco actual es un mosaico de más de diez leyes, algunas que datan de la década de 1960, aplicadas de forma inconsistente en los distintos Estados miembros. Por lo tanto, se ha vuelto necesario un cambio radical en el sistema, y lo que está en juego es mucho: la nueva regulación podría contribuir a revertir la drástica pérdida de biodiversidad agrícola o acelerarla.
Las negociaciones finales, conocidas como «Trilogos», en las que la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo buscan compromisos entre sus respectivas posiciones, están generando gran preocupación entre agricultores, obtentores de variedades ecológicas, empresas de semillas y redes de conservación de semillas.
Tres disposiciones que socavarían la libertad de elección de agricultores y jardineros, poniendo en peligro la agrobiodiversidad
La restricción de las variedades de conservación
Las variedades de conservación son cultivares genéticamente diversos adaptados a condiciones locales específicas, ya sean cultivados tradicionalmente en una región o de reciente desarrollo. Los Estados miembros pretenden limitar su producción estrictamente a su región de origen y restringir las variedades de reciente desarrollo únicamente a frutas y hortalizas.
Esto tendría consecuencias críticas para los numerosos agricultores ecológicos, obtentores y empresas de semillas que las utilizan, desarrollan y comercializan. Este sería el caso de Landsorten, una organización danesa que distribuye variedades autóctonas de cultivos extensivos, que ofrecen importantes beneficios para los agricultores ecológicos. Por ejemplo, el trigo de invierno PopKorn presenta una fuerte resistencia al tizón, mientras que el Mariagertoba es un trigo de primavera robusto con buena competencia con las malas hierbas y resistencia al tizón común. Restringir el registro de variedades de conservación a frutas y hortalizas tendría un impacto significativo en el trabajo de organizaciones como esta.
Las restricciones geográficas son igualmente contraproducentes. El valor de las variedades de conservación reside precisamente en su capacidad de adaptación a condiciones locales y climáticas específicas: una variedad desarrollada en Grecia puede ser justo lo que necesita un agricultor español. Para ciertos cultivos, la propagación fuera de su región de origen es simplemente una necesidad: manzanos, perales, ciruelos y cerezos, por ejemplo, se propagan a menudo en viveros ecológicos de otros países cuando la capacidad de los viveros locales es insuficiente.
Además, como señala Edwin Nuitjen, presidente del Consorcio Europeo para la Mejora Genética de Plantas Ecológicas (Eco-PB): «Estas variedades suelen ser desarrolladas por pequeños obtentores, redes y empresas de mejora genética. Proteger esta categoría no es solo una cuestión agronómica, se trata también de apoyar un mercado de semillas diverso y resiliente, necesario para mantener la diversidad, que no esté dominado únicamente por grandes operadores comerciales».
El menoscabo del derecho de los agricultores a guardar e intercambiar semillas
El derecho de los agricultores a guardar, reutilizar e intercambiar sus propias semillas está reconocido por el derecho internacional, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Estas prácticas han mantenido la agrobiodiversidad durante siglos y han ayudado a las comunidades agrícolas a apoyarse mutuamente en tiempos de crisis.
Sin embargo, los Estados miembros y la Comisión Europea están presionando para restringirlas de maneras que harían que estos derechos fueran inviables en la práctica; por ejemplo, limitando los intercambios a pequeñas cantidades, confinándolos a áreas locales e imponiendo estrictos requisitos fitosanitarios, los mismos que las empresas deben cumplir para la comercialización de dichas semillas, lo que supondría una enorme carga administrativa y financiera para los agricultores individuales.
Para la agricultura ecológica, lo que está en juego es especialmente importante. La producción de semillas ecológicas sigue siendo muy baja en varios Estados miembros, lo que dificulta alcanzar el objetivo del 100% de uso de semillas ecológicas para 2037. Las semillas conservadas por los agricultores y las intercambiadas entre ellos serán esenciales para lograr ese objetivo y para que los agricultores tengan acceso a variedades adaptadas a sus sistemas.
La limitación de lo que los horticultores pueden cultivar
Según las propuestas actuales, las semillas vendidas a horticultores aficionados podrían restringirse únicamente a frutas y hortalizas. Esto supondría un cambio significativo con respecto a la realidad actual, con graves consecuencias para las numerosas empresas de semillas ecológicas que venden cereales, legumbres y cultivos de cobertura a usuarios no profesionales. Desde el País Vasco hasta los Países Bajos y Alemania, las pequeñas empresas de semillas abastecen a un público que simplemente desea cultivar una amplia variedad de plantas, incluyendo, sí, patatas, lentejas y trigo.
Más allá del daño económico para estas empresas, el principio en juego es sencillo: las personas deberían tener la libertad de cultivar lo que deseen en sus propios huertos.
¿Qué se necesita hacer?
El plazo para lograrlo es limitado. Las negociaciones a tres bandas avanzan rápidamente, ya que la Presidencia de Chipre busca alcanzar un texto de compromiso para finales de junio. Los negociadores deben escuchar a los agricultores, productores de semillas ecológicas y organizaciones de la sociedad civil que han expresado estas preocupaciones, y respaldar la postura más progresista del Parlamento Europeo. El Reglamento sobre la Gestión de Recursos Vegetales (GRP) tiene el potencial de responder a los numerosos desafíos que enfrenta el sector agroalimentario. Sin embargo, se necesitan muchas correcciones para alcanzar este objetivo.
Autora: Caroline Formont, Responsable de Políticas en IFOAM Organics Europe.
Suscríbete a la Newsletter y recibe Bio Eco Actual gratis cada mes en tu correo
Bio Eco Actual, tu mensual 100% ecológico
Leer Bio Eco Actual Abril 2026
