Una sociedad sana es una sociedad con futuro, una sociedad enferma pronostica su declive, por ello, invertir en salud pública es una de las mejores inversiones que puede hacer el Estado. Es garantía de futuro y el pilar fundamental para una sociedad sana es promover los buenos hábitos alimenticios.

Invertir en alimentación sana es invertir en salud pública

Reducir el IVA de los alimentos saludables al 0% y aumentar el de los insanos al 21% podría ser la mejor inversión política en salud.

En sociedades como la nuestra, una de cada dos personas no puede acceder a una alimentación saludable debido al desconocimiento (falta de información) y a la limitación de sus capacidades económicas, por tanto, se ve obligada a comer barato, esto se traduce en comida insana, la principal causa de enfermedades graves en nuestro país.

La actual legislación fiscal española no distingue entre alimentación saludable y alimentación nociva, tampoco promueve el acceso a productos frescos y aconsejables para la salud. Se basa, únicamente, en los grupos de alimentos considerados básicos, al margen de si son o no saludables. La evidencia científica es incuestionable: la alimentación inadecuada es la principal causa de enfermedades crónicas, bajas médicas y pérdida de calidad de vida en España y podemos augurar que en el futuro este problema se acentuará, pues los hábitos alimenticios de la población española no están mejorando como sería deseable.

La actual legislación fiscal española no distingue entre alimentación saludable y alimentación nociva

A pesar de la actual situación, han empezado a tomarse ya algunas medidas significativas aunque todavía resultan insuficientes. En Mayo de 2.017, entró en vigor en Cataluña el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas, con independencia de su lugar de fabricación. Posteriormente, la medida fue extendida a todo el territorio del Estado español. Hoy, ya son más de 25 los países del mundo que han legislado sobre el impuesto que grava las bebidas con azúcar añadido. Este impuesto penaliza esta dosis extra e innecesaria de azúcar porque su consumo habitual conlleva consecuencias nefastas para la salud de la población, equiparables al consumo de tabaco y alcohol. Gravar con impuestos específicos aquellos productos que puedan tener un impacto negativo en la salud de la población o el medio ambiente es una estrategia utilizada por los gobiernos desde hace décadas. Primero fue el tabaco. Más de 180 Estados gravan este producto con impuestos específicos y restricciones, pues los costes sanitarios que acarrea son muy elevados. Ocurre lo mismo para el consumo de alcohol, cuyos costes sanitarios y sociales no son pocos, ni leves. Recientemente, le ha llegado el turno al azúcar extra y se prevé que en un futuro no demasiado lejano sea la carne, debido a que es cancerígena y el reducir el consumo de productos de origen animal es inevitable para frenar el cambio climático.

Sin embargo, las medidas que gravan con impuestos específicos los productos dañinos para la salud no son suficientes, es necesario reducir el IVA de los alimentos sanos y adecuados para la salud, para garantizar un derecho básico como es poder acceder a una alimentación saludable y adecuada.

Invertir en alimentación sana es invertir en salud pública

¿Por qué los alimentos sanos deberían tener un IVA reducido?

La campaña Dame Veneno, lanzada por las organizaciones Veterinarios Sin Fronteras y Justicia Alimentaria Global, quiere denunciar que la alimentación actual está enfermando a la población, dado que en los últimos 20 años, nuestra dieta mediterránea se ha transformado radicalmente y se ha deteriorado: el 70% de lo que comemos es comida procesada, rica en azúcares, grasas saturadas, conservantes y otros aditivos, y raciones extras de sal. Por supuesto, pobre en vitaminas, fibra y ácidos grasos saludables como el omega 3. De forma ilógica, el precio de las frutas y verduras ha aumentado considerablemente desde 1990. Al mismo tiempo que la mayoría de los alimentos procesados son más baratos ahora que en 1990.

En España, entre el 40 y el 55% de las dolencias cardiovasculares, el 45% de los casos de diabetes y el 40% de los diagnósticos de cáncer, como los de estómago y colon, pueden relacionarse directamente con los hábitos derivados de la poca calidad de la alimentación. Una estimación aproximada del impacto económico que provoca una dieta insana se traduce en 20.000 millones de euros anuales. El 20% del presupuesto en sanidad, una cifra que no para de crecer. Hay que poner sobre la mesa la magnitud del problema.

La alimentación inadecuada es la principal causa de enfermedades crónicas

Reducir el IVA a los productos básicos también es necesario para reducir las diferencias entre clases sociales. La alimentación insana no afecta a todas las personas por igual, sobre todo la padecen las familias con rentas más bajas. Y como resultado, estas enfermedades no se distribuyen de manera homogénea en la sociedad. Las personas más pobres se ven empujadas a comer peor y, por ello, enferman más. Un estudio reciente realizado en Barcelona reveló que en los distritos cuyas rentas económicas son más altas, la esperanza de vida es hasta 10 años mayor que en los distritos cuyas rentas son más bajas.

Actualmente en España, el 45% de la población no puede permitirse una alimentación saludable básica, por falta de dinero. Dicho de otra manera, la mitad de la población no puede costearse la pirámide nutricional. Y aunque hagamos campañas educativas en relación a la buena alimentación, estos esfuerzos sólo conseguirán un éxito total si los productos saludables están al abasto de todas las personas.

Existen diversas fórmulas en las que las Administraciones pueden actuar sobre el precio final de los alimentos. Si el Gobierno no actúa urgentemente sobre el acceso a alimentos sanos para la mayor parte de la población, lo pagaremos con nuestra salud y la de nuestros hijos.

Autora: Helena Escoda Casas, Licenciada en Historia (UAB).

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