El consumidor, cuando compra un electrodoméstico no puede ver reflejado en la etiqueta el precio del impuesto cobrado al fabricante para su posterior reciclaje después de su vida útil. Esta tasa invisible oscila entre 5 y 30 euros por aparato y está incluida en la factura del fabricante al distribuidor. Hoy hablamos del reciclaje de los electrodomésticos.
El Consejo de Estado censura este margen “fijo” de beneficio adicional para el productor derivado de este impuesto, que no aporta los beneficios ambientales que se esperan de su reciclaje ya que dos terceras partes de los residuos electrónicos, acaban no siguiendo la vía legal del reciclaje de la que su destino final serían las plantas de tratamientos de residuos.
El destino de este dinero es desconocido, puede que se encuentre en fondos de inversión, destinado a beneficios netos de los productores o con suerte, dedicado a futuras gestiones de residuos.
La tasa que los fabricantes cobran por el reciclaje debe conocerse. Esto ayudaría a los consumidores a sentirse parte del sistema de reciclaje y a pedir responsabilidades cuando no se recicle o se haga de manera no adecuada.
Hace unos diez años se crearon los Sistemas Integrales de Gestión de los cuales una de sus finalidades es asegurar que los electrodomésticos acaban desguazados en plantas autorizadas ya que la ley determina que los productores son los responsables del correcto reciclaje de los aparatos usados. En cambio, dos terceras partes de estos residuos acaban en chatarreros ilegales y plantas no preparadas para el proceso de su reciclaje; las cunetas, bosques y vertederos del país están plagados de residuos electrónicos.
España es el antepenúltimo país europeo en reciclaje sólo por delante de Rumanía y Grecia; como ejemplo en 2013, la Organización de Consumidores (OCU) escondió GPRS en 16 electrodomésticos depositados en los puntos limpios y sólo cuatro terminaron en las plantas autorizadas.
El circuito del reciclaje tiene muchas grietas: personas que asaltan los puntos limpios para robar estos aparatos eléctricos y vender sus metales, o transportistas que los venden sin ningún control por parte del fabricante. Todos los días se rompe la cadena del reciclaje y se extrae el cobre y otros materiales valiosos liberando gases contaminantes a la atmósfera y abandonando los residuos sobrantes en descampados.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, el nuevo diseño de gestión de estos residuos pasa por una gran plataforma informática en la que los actores implicados deberán incluir el código de cada residuo para no perderle la pista y evitar que no siga el camino correcto. Con este número de registro, se evita que la cadena de custodia se rompa antes de que sus componentes sean separados al final de su uso. Sin embargo, para que se cumpla se necesita una logística de la que se carece.
La Administración no se ha puesto seria a la hora de actuar; es evidente que los electrodomésticos no llegan a las plantas de reciclaje y la exportación de estos residuos a países subdesarrollados es otro fraude que nace en los puertos españoles y provoca vertederos industriales en países como Pakistán o Ghana. En estos países se amontonan, entre otros residuos electrónicos, teclados de ordenadores con la letra ñ, que en lugar de ayudar al desarrollo de estos países los convierte en vertederos al aire libre.
La contaminación ambiental y las enfermedades generadas por la quema y el tratamiento de estos aparatos para extraer el metal, es el día a día de las personas que precariamente buscan una salida para obtener dinero para sobrevivir. Los plásticos de residuos electrónicos incluyen piro-retardantes bromados, que pueden afectar al desarrollo y al crecimiento, además de otros daños renales, hepáticos y malformaciones congénitas.
Autora: Maria Cacheda, arqueóloga y divulgadora del patrimonio cultural
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